La represión militar ordenada por el régimen de Dina Boluarte dejó un saldo de 10 muertos en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. A dos años de esos trágicos eventos, las familias de las víctimas siguen esperando justicia, mientras el régimen mantiene un discurso que justifica la violencia ejercida.
Un Discurso de Justificaciones
En el marco del bicentenario de la Batalla de Ayacucho, Dina Boluarte pronunció un discurso desde Palacio de Gobierno que, lejos de mostrar empatía hacia las familias de los fallecidos, se enfocó en justificar su accionar durante la crisis. “Nos pusimos firmes porque sabíamos que primero estaba la patria”, afirmó, comparándose a un soldado que defiende la nación «hasta con su propia vida». Sin embargo, la presidenta omitió cualquier mención a los fallecidos o a las circunstancias de su muerte.
Boluarte insistió en retratar las protestas como “manifestaciones violentas” y destacó su papel como la “primera mujer presidenta en 200 años” para legitimar su permanencia en el cargo. En lugar de asumir responsabilidad, justificó la represión como una necesidad patriótica frente a lo que denominó “ideologías de odio”.
Un régimen al Servicio de las Fuerzas Armadas
El discurso también subrayó la estrecha relacióncon las Fuerzas Armadas y la policía. Al referirse a los sucesos del 15 de diciembre, Boluarte destacó que “gracias a Dios, a la fuerza de las instituciones y a la terquedad” de su gestión, el país ha logrado estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad ha sido construida sobre el dolor de cientos de familias y una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado.
El Clamor de Ayacucho
En Ayacucho, las familias de los fallecidos continúan exigiendo justicia. Dos años después, los procesos judiciales avanzan a paso lento, mientras la impunidad parece consolidarse. Las declaraciones de Boluarte han sido calificadas como un acto de cinismo por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos que no olvidan la sangre derramada en diciembre de 2022.
Un País que No Olvida
A dos años de la masacre, el Perú sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. El caso de Ayacucho se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la represión estatal y la indiferencia gubernamental.
Hoy, recordamos a las víctimas y renovamos el compromiso de exigir justicia. No permitamos que el tiempo borre el sufrimiento de aquellos que perdieron a sus seres queridos en manos de un Estado que debería protegerlos. Ayacucho no olvida, y el Perú tampoco debe olvidar.
