Han pasado dos años desde que Dina Boluarte usurpó el poder en un contexto de crisis política, y el Perú sigue cargando el peso de una tragedia que marcó su juramentación. Las protestas que surgieron tras su llegada al Ejecutivo no solo evidenciaron el descontento social, sino que dejaron una herida profunda e inolvidable: la muerte de menores de edad en medio de la represión estatal.
Dos Vidas Apagadas en Andahuaylas
El 11 de diciembre de 2022, durante una protesta en Andahuaylas, dos jóvenes perdieron la vida en circunstancias que reflejan la violencia desmedida ejercida contra manifestantes. D.A.Q., un adolescente de tan solo 15 años, y Beckham Romario Quispe Garfias, de 18 años, fallecieron durante protestas cerca al aeropuerto de la ciudad.
Tenía solo 15 años, pero D.A.Q. ya sabía vivir la vida de los hombres grandes. En su casa, un pequeño cuarto alquilado en Huayhuaca ―un centro poblado en la provincia de Andahuaylas, en la región de Apurímac―, el adolescente era quien mantenía a su madre y a sus dos hermanos menores. “Tenía planes para nosotros ―dice Esther, su hermana de 17 años―. Apoyarnos, ante todo”.
El niño y el hombre de la casa
D.A.Q.15 años – Apurímac
Beckham Quispe sufrió un traumatismo encefalocraneano grave tras ser golpeado por un objeto contundente, mientras que las circunstancias de la muerte de D.A.Q. apuntan al uso de proyectiles de armas de fuego. Estas tragedias no solo conmocionaron a sus familias, sino que simbolizan la brutalidad con la que se manejaron las manifestaciones en las primeras horas del régimen de Boluarte.
La Escalada de Violencia y el Clamor Popular
El 12 de diciembre, en medio de un creciente número de víctimas, Boluarte anunció un adelanto de elecciones generales para 2024, pero la medida fue insuficiente para apaciguar las protestas. Ese mismo día, las manifestaciones se extendieron a 20 regiones, con exigencias de renuncia tanto del Congreso como del Ejecutivo, y llamados a una Asamblea Constituyente.
En Apurímac, el epicentro de las protestas, la violencia continuó cobrándose vidas. Entre las víctimas estuvo R.P.M.L., un menor de 16 años asesinado por un disparo de arma de fuego. Jhonatan Encino Arias Choccepuquio y Wilfredo Lizarme Barboza, ambos de 18 años, también murieron durante las protestas en Andahuaylas. Las escenas de represión y la falta de respuestas estatales avivaron el enojo en todo el país.
Dos Años de Silencio y Olvido
Dos años después, las familias de estos menores y otros caídos en las protestas siguen esperando justicia. Ni el Estado ni Dina Boluarte han asumido responsabilidad por las muertes, y las investigaciones avanzan a paso lento, alimentando la desconfianza en el sistema judicial y político.
El luto de estas familias representa el dolor de un país que no olvida las balas disparadas contra quienes exigían cambios. Estos dos años son un recordatorio de cómo se priorizó la represión sobre el diálogo, la violencia sobre la escucha, y el poder sobre la vida.
Hacemos un llamado a la memoria colectiva y exigimos justicia para los menores y las víctimas de un Estado que ha fallado en su deber más básico: proteger a su pueblo. Que estos dos años no se conviertan en décadas de impunidad.
