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Paso a Paso: Firmas de Boluarte y el Riesgo de Falsedad Documental

No solo Boluarte estaría en problemas legales, sino también cualquier funcionario que haya avalado o participado en el proceso.

Editorial por Editorial
16 de diciembre de 2024
en Política
Tiempo de lectura:2 mins read
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Cirugía y Firmas Cuestionadas

Durante el periodo de recuperación de Dina Boluarte tras una cirugía estética en junio de 2023, surgieron dudas sobre la autenticidad de las firmas en actas y decretos del Consejo de Ministros, fechados entre el 5 y 7 de julio. Peritos grafotécnicos identificaron divergencias significativas en las firmas comparadas con las registradas oficialmente en el Reniec, generando sospechas de falsificación.

Entre las diferencias detectadas se mencionan trazos irregulares en la letra «D», lo que llevó a cuestionar si estas firmas fueron realizadas por la misma persona. Este hallazgo plantea preguntas graves: ¿se firmaron los documentos con el consentimiento de Boluarte o se falsificaron sin su conocimiento?

Antes y después de Boluarte

Opiniones Legales y Posibles Implicaciones Penales

Expertos en Derecho Penal señalaron que, de comprobarse la falsificación, podría configurarse un delito de falsedad agravada. Al tratarse de documentos públicos, la pena máxima podría alcanzar los 10 años de prisión. Luis Lamas Puccio coincidió, destacando la posibilidad de identificar instigadores, cómplices y autores del presunto delito, dependiendo del rol que cada persona haya jugado en el proceso.

Si el contenido de los documentos firmados difiere de lo aprobado oficialmente, se trataría de falsedad ideológica, lo que agravaría aún más la situación legal de Boluarte.

Diferencias en las firmas de documentos

10 años de prisión para Boluarte

La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar para determinar si Boluarte estaba incapacitada para ejercer sus funciones durante su postoperatorio y si las firmas en los documentos son auténticas. Este análisis debe ir más allá de la firma en sí y considerar la validez del procedimiento completo en el que se emitieron estos documentos.

Si se prueba la falsificación, no solo Boluarte estaría en problemas legales, sino también cualquier funcionario que haya avalado o participado en el proceso. La pena de hasta 10 años de prisión, sumada al impacto político, pone a Boluarte en una situación delicada, donde deberá demostrar que actuó dentro del marco legal.

Editorial

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